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Bancos intervenidos en Venezuela cierran operaciones al público

La Junta interventora halló irregularidades al inspeccionar las cuentas de las entidades.

Los cuatro bancos privados que las autoridades intervinieron el 20 de noviembre por reiteradas violaciones a la Ley de Bancos cerrarán sus oficinas al público en vista de las irregularidades detectadas por la junta interventora.

El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció hoy la medida y dijo que se debió a los "daños" detectados durante la inspección de las cuentas de esas entidades.

La intervención afectó a los bancos Canarias, Bolívar, Pro Vivienda y Confederado, todos ellos parte de un mismo grupo financiero.

Rodríguez garantizó que en este proceso quedarán protegidos "los derechos de los trabajadores, depositantes y acreedores".

Los cuatro bancos fueron intervenidos inicialmente a "puertas abiertas", es decir, sin el cierre de sus oficinas y sucursales, pero tras la decisión de hoy, la intervención será a "puertas cerradas", lo que significa que las dependencias de esas instituciones estarán cerradas al público.

Rodríguez señaló que el Fondo de Garantías para los Depositantes (Fogade) tiene 21 días hábiles para cubrir los fondos que los clientes de los bancos tenían, de manera que puedan disponer de ellos.

El ministro precisó que en el caso del Banco Pro Vivienda, los depósitos garantizados por la ley bancaria corresponden a 457.000 personas, el 97 por ciento de los clientes.

En el caso del Banco Canarias la medida ampara a 268.000 personas, el 92 por ciento de la cartera de clientes.

Rodríguez dio a entender que los daños financieros detectados en estos dos bancos "han comprometido su solvencia", lo que significa que podrían ser cerrados definitivamente.

Añadió que en el caso de los bancos Confederado y Bolívar, el daño fue menor y se trabajará "para su recuperación".

De acuerdo a fuentes bancarias, el porcentaje del mercado bancario que poseen estas cuatro instituciones se sitúa en torno al cinco por ciento.

Las "irregularidades recurrentes" detectadas en los bancos intervenidos están el "aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores, repartir dividendos sin autorización y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas".

El 20 de noviembre las autoridades venezolanas detuvieron a Ricardo Fernández Barruecos, principal accionista de los cuatro bancos privados intervenidos.

El 27 de noviembre un tribunal dictó, a petición del Ministerio Público, una medida de prohibición de salida del país contra 16 directivos de los cuatro bancos.

Sin embargo, según la prensa local, la mayoría de los afectados habría huido del país y se habría trasladado inicialmente a la isla caribeña de San Martín.

Por otra parte, el 25 de noviembre fue allanada la Casa de Bolsa U21 por la policía de seguridad del Estado Disip a solicitud de la Fiscalía.

Una nota informativa emitida por ese organismo indicó que se "incautó en el lugar evidencias de interés criminalístico para la investigación, relacionadas con las operaciones que habría efectuado la casa de bolsa con empresas vinculadas con Ricardo Fernández Barrueco".

Tres bancos intervenidos durante el Gobierno de Chávez

En los últimos 10 años han sido intervenidas 3 instituciones bancarias en el país: Cavendes, Banplus y Stanford Bank. Los reguladores locales efectuaron esos procesos por diversos motivos y se resolvieron también de distinta manera, puesto que no formaron parte de una crisis bancaria sistemática como la de 1994.

El gobierno de Hugo Chávez se estrenó con el caso Cavendes Banco de Inversión, el cual fue intervenido dos veces y puesto en un proceso de liquidación que costó al Estado alrededor de 190 millones de bolívares fuertes, a pesar de la inyección recibida de 110 millones de bolívares fuertes para salvar la entidad.

Desde junio de 1998 mostró un margen de intermediación negativo, los gastos de transformación superaban los ingresos de la institución y sobrepasaban con creces el índice de inflación, lo que revelaba una mala gestión administrativa. Pero su problema mayor fue que el banco sobrevivió de otros ingresos operativos que provenían de sus empresas filiales, lo cual ocultaba su verdadera situación financiera.

Además, se reveló que 64% de los créditos se había otorgado a sus empresas y 98% de los intereses por cobrar eran de compañías relacionadas.

El entonces superintendente de bancos, Francisco Debera, ordenó una capitalización de la institución de Cavendes al observar sus balances, pero desde que el funcionario salió del organismo supervisor se relajaron las exigencias y efectivamente no se actuó a tiempo.

Dos años después, el Congreso abrió un expediente del caso que luego fue ignorado por el Congresillo. La Asamblea Nacional inició la investigación debido a que 98% de los depósitos a plazo eran oficiales, por lo que no se entendía cómo los tesoreros de las instituciones públicas ignoraron los informes que manejaba la Superintendencia de Bancos y se arriesgaron al preferir los altos rendimientos que le ofrecía Cavendes, que llegaron a colocarse entre 12% y 27%.

Esta institución tuvo un moderado retiro de ahorros debido a que sus clientes naturales eran de menor cuantía, y contó con la voluntad de Fogade de honrar 100% de los depósitos en moneda nacional cuando la ley de entonces garantizaba hasta 4.000 bolívares fuertes.

Mejor final. El caso Banplus Entidad de Ahorro y Préstamo fue otro ejemplo de malos manejos administrativos. Esta institución fue allanada por la Disip luego de que fuese procesada una serie de denuncias presentadas en 2004. La fiscalía bancaria nacional con competencia plena imputó a los directivos de la institución por la presunta comisión de los delitos de captación indebida de fondos y apropiación o distracción de recursos, tipificados en los artículos 430 y 432 de la Ley General de Bancos.

Luego de superada la crisis, Sudeban intervino el banco a puertas abiertas con el propósito de salvaguardar los intereses de los depositantes y de los acreedores, así como la confianza en el sistema financiero nacional. En 2006 resolvió levantar la medida y otorgar un plazo de 18 meses para rehabilitar y colocar en subasta la entidad.

En enero de 2007 se llevó a cabo el acto público de adjudicación de Banplus EAP, con la participación de cuatro grupos privados, proceso inédito en la historia del sector bancario nacional pues nunca se había vendido una entidad en proceso de rehabilitación. Actualmente, Banplus opera con total normalidad y con un mínimo de 15 agencias en todo el país.

Lo que trajo la crisis. De no haber ocurrido la crisis inmobiliaria y financiera mundial quizás no se hubieran descubierto los casos Maddof y Stanford.

Estos son también ejemplos del uso indebido de los recursos y de fraude.

En Venezuela existe una filial Stanford Bank, el grupo liderado por el magnate estadounidense que pronto será juzgado en su país. Ante el retiro masivo de depósitos de esa sucursal, el Gobierno decidió intervenirlo a puertas cerradas y proceder a su venta. Pero para ello deberá contar con la aprobación de las autoridades estadounidenses, pues los activos de Allen Stanford fueron congelados

Liquidan en Venezuela dos bancos intervenidos y cierran temporalmente otros dos

Caracas, 30 nov (EFE).- Dos bancos privados intervenidos el pasado 20 de noviembre en Venezuela fueron liquidados, mientras otros dos cerrarán sus oficinas al público durante un tiempo, ante las irregularidades detectadas durante la inspección de esas entidades, anunció hoy una fuente oficial.

El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció hoy la medida, que incluye la liquidación inmediata de dos de los cuatro bancos, y dijo que se debió a los "daños" detectados durante la inspección de las cuentas de esas entidades.

La intervención afectó a los bancos Canarias, Bolívar, Pro Vivienda y Confederado, todos ellos parte de un mismo grupo financiero.

Rodríguez garantizó que en este proceso quedarán protegidos "los derechos de los trabajadores, depositantes y acreedores".

Los cuatro bancos fueron intervenidos inicialmente a "puertas abiertas", es decir, sin el cierre de sus oficinas y sucursales, pero, tras la decisión de hoy, la intervención será a "puertas cerradas", lo que significa que las dependencias de esas instituciones estarán cerradas al público.

En una breve alocución nocturna, transmitida en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el ministro de Finanzas reiteró que Fogade garantiza a los ahorristas fondos por hasta 10.000 bolívares (4.651 dólares), en obediencia a la ley vigente.

Sostuvo que en el caso del Banco Pro Vivienda, los depósitos garantizados por la ley bancaria corresponden a 457.000 personas, el 97% de los clientes.

En el caso del Banco Canarias la medida ampara a 268.000 personas, el 92% de la cartera de clientes.

Rodríguez confirmó que los daños financieros detectados en esas instituciones "han comprometido su solvencia", por lo que serán liquidados de inmediato.

Añadió que en el caso de los bancos Confederado y Bolívar el daño fue menor y se trabajará "para su recuperación".

Rodríguez aseveró que las autoridades desarrollan una "exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades" en el caso del presunto mal manejo de los cuatro bancos, los cuales "estén donde estén serán localizados" y sometidos a la ley.

Esta "crisis" ha sido "generada en una parte del sector privado (bancario) que busca el enriquecimiento a cualquier precio" y "eso tiene que ser no solo corregido sino severamente castigado", cuestión que hará el Gobierno, afirmó Rodríguez en la alocución nacional nocturna.

De acuerdo con fuentes bancarias, el porcentaje del mercado bancario que poseen estas cuatro instituciones se sitúa en torno al cinco por ciento.

Entre las "irregularidades recurrentes" detectadas en los bancos intervenidos están el "aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores, repartir dividendos sin autorización y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas".

El 20 de noviembre las autoridades venezolanas detuvieron a Ricardo Fernández Barruecos, principal accionista de los cuatro bancos privados intervenidos.